El Juez Primero Especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de extinción de dominio de bienes de propiedad del Grupo Nule en Estados Unidos que ascenderían a $6.000 millones.

La Fiscalía General de la Nación avanza de esta manera en su propósito de afectar el patrimonio ilegal adquirido con dineros públicos comprometidos en casos de corrupción. En esta oportunidad el brazo de la justicia llegó a implicados en el “carrusel de Bogotá”, propietarios de inmuebles en Estados Unidos.

Extinción “Naranja”

Un juez especializado en extinción de dominio de Bogotá legalizó las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía a bienes vinculados a los hermanos Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, y su primo Guido Alberto Nule Marino, ubicados en el estado de Florida (Estados Unidos).

La decisión afecta dos inmuebles que, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores son equivalentes a los valores de los dineros que ilegalmente se apropiaron con los contratos del “carrusel de la contratación de Bogotá”.

Bienes afectados

Los investigadores de la Fiscalía obtuvieron la afectación de dos bienes:

Un apartamento con estacionamiento y garaje ubicado en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida de Estados Unidos, que tendría un valor de un USD 1’000.000 (un millón de dólares), cuya propiedad formal se encuentra a nombre de Rina Cecilia Mendoza, quien sería la cónyuge de Miguel Eduardo Nule.

Un apartamento con estacionamiento y garaje ubicado en el Country Club Drive en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida de Estados Unidos, valorado en USD 1’000.000 (un millón de dólares), de propiedad de los esposos Guido Alberto Nule y Adriana Mancini Posada.

El juez acogió los argumentos de la Fiscalía en el sentido que: “el proceso de extinción de dominio cuenta con elementos de juicio para establecer con probabilidad que los miembros de la familia Nule ejecutaron actividades ilícitas y que al parecer se apropiaron de recursos públicos que les permitieron adquirir bienes que por lo tanto tienen un origen ilícito, o que representan un valor equivalente a bienes producto directo o indirecto de esa actividad ilícita”, señala la decisión.

Las medidas en contra de los bienes se iniciaron después que los hermanos Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, su primo Guido Alberto Nule Marino y su cuñado Mauricio Galofre Amín, fueron condenados a 19 años y cinco meses de prisión por el delito de peculado por apropiación, además de una condena de 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y fraude procesal.

Con el objeto de hacer efectivas las medidas mediante cooperación judicial, la Delegada de Finanzas Criminales ha requerido la colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Fiscalía incauta bienes de Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU
Las acciones judiciales para recuperar los dineros ilegalmente apropiados por involucrados en el “carrusel de la contratación” de Bogotá, también se realizaron en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación logró la incautación con fines de extinción de dominio de seis bienes que pertenecerían al exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, condenado a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

El ente investigador demostró que Inocencio Meléndez constituyó un patrimonio ilegal con los dineros que habría recibido ilegalmente de contratistas e intermediarios interesados en proyectos viales en Bogotá.

Con los bienes afectados se pretende recuperar los dineros equivalentes al desfalco del “carrusel de la contratación de Bogotá”.

Propiedades ocupadas:

Dos apartamentos con sus respectivos garajes y depósitos ubicados en el sector La Calleja, en el norte de Bogotá.

Una volqueta

Una casa ubicada en San Onofre (Sucre).

El avalúo de los bienes ascendería a $2.604’140.000. (Dos mil seiscientos cuatro millones ciento cuarenta mil pesos)

Con estas decisiones, la Fiscalía General de la Nación recurre a los recursos que le otorga la ley para atacar la fortuna ilegal de los vinculados a casos de corrupción.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.